La procedencia de la medida cautelar está sujeta a la demostración de la posible afectación irreparable a derechos humanos o al orden jurídico, la cual debe fundarse en actos concretos de aplicación de las normas reclamadas, no en su mera potencialidad.

El actor argumentó que las normas reclamadas podrían violar derechos humanos y el orden jurídico en materia de fiscalización electoral, solicitando una medida cautelar. Sin embargo, el tribunal consideró que la posible violación no se desprende de las normas en sí mismas, sino de su eventual aplicación. Por ello, determinó que los actos concretos de aplicación, una vez emitidos, serán los que puedan ser objeto de la medida cautelar, conforme a la ley.