La aplicación de una ley abrogada en un procedimiento administrativo, al carecer de sustento legal, transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica del gobernado.

El presente asunto deriva de un juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) que determinó la responsabilidad del quejoso en una práctica monopólica absoluta y le impuso una sanción económica. El Juez de Distrito negó el amparo contra la resolución principal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció su facultad de atracción para conocer del recurso de revisión, dado que el quejoso argumentó que la COFECE aplicó una ley ya abrogada al emitir el acuerdo de inicio del procedimiento, lo cual, de ser cierto, violaría los principios de legalidad y seguridad jurídica.