La autoridad demandada, al emitir una resolución sancionatoria, debe valorar y dar respuesta fundada y motivada a las pruebas ofrecidas por el gobernado en el procedimiento administrativo, máxime si se le otorgó el derecho de audiencia para presentar dichas probanzas.

La Sala Regional determinó que la autoridad demandada, al imponer una multa, omitió analizar las pruebas ofrecidas por el actor durante el procedimiento administrativo sancionador. Se consideró que esta omisión violenta el derecho de audiencia y los principios de fundamentación y motivación, ya que la autoridad debe pronunciarse sobre todas las pruebas presentadas. Por lo anterior, se declaró la nulidad de la resolución impugnada para que la autoridad emita una nueva, valorando debidamente las pruebas y resolviendo el fondo del asunto.