El decreto por el que el Congreso de un estado concede una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial local, sin transferirle los fondos necesarios, es inconstitucional por vulnerar la independencia y autonomía presupuestal de dicho poder.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Poder Legislativo de la misma entidad. El Poder Judicial impugnó un decreto que otorgaba una pensión por jubilación a una extrabajadora, cargando el costo al presupuesto del Poder Judicial sin la transferencia de fondos necesarios. La Corte determinó que dicho decreto es inconstitucional, ya que viola los principios de independencia judicial y autonomía de gestión presupuestal, al someter la voluntad del Poder Judicial a decisiones del Congreso sin la debida asignación de recursos.