La autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo federal o local, al actuar en defensa de la legalidad de un acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público, carece de legitimación para promover amparo directo adhesivo en su carácter de tercero interesada en el juicio de amparo directo, al no defender intereses patrimoniales propios.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis para determinar si las autoridades demandadas en juicios contencioso administrativos tienen legitimación para promover amparo directo adhesivo. Se determinó que, si bien el amparo adhesivo busca fortalecer consideraciones favorables o evidenciar violaciones procesales, en materia administrativa subsiste la condición de afectación a intereses patrimoniales. Por lo tanto, las autoridades que actúan en defensa de la legalidad de sus actos, sin afectar su patrimonio, carecen de legitimación para promover dicho recurso.