La notificación legal de un oficio es un presupuesto indispensable para que la autoridad pueda exigir el cumplimiento de un acto o la imposición de una multa por su inobservancia, y la presunción de legalidad de los actos de autoridad no exime a la administración de la carga probatoria de dicha notificación.

La imposición de multas por incumplimiento de actos requeridos mediante oficio exige que la autoridad demuestre la legalidad de la notificación de dicho oficio. La presunción de legalidad de los actos administrativos no releva a la autoridad de esta carga probatoria, ni puede invalidar la garantía de legalidad que obliga a fundar y motivar sus resoluciones. Por lo tanto, la autoridad debe probar la notificación para poder exigir el cumplimiento o sancionar la omisión.