La víctima u ofendido del delito tiene derecho a impugnar las resoluciones que afecten sus derechos humanos, incluso si la ley procesal no la legitima expresamente para interponer el recurso de apelación, y no está obligada a agotar dicho recurso previo a la promoción del juicio de amparo directo.

El presente fallo aborda la situación de la víctima u ofendido en el proceso penal mexicano, particularmente cuando la legislación procesal no le otorga legitimación para interponer el recurso de apelación contra una sentencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que, en aras del derecho fundamental de acceso a la justicia, la víctima sí tiene derecho a impugnar dichas resoluciones, interpretando las normas procesales de manera conforme con la Constitución y los tratados internacionales. Además, se determina que la víctima no está obligada a agotar el recurso de apelación, si la ley no la legitima para ello, antes de promover el juicio de amparo directo, pues exigir lo contrario sería una carga excesiva e irrazonable.