La suspensión del plazo de doce meses para concluir una visita domiciliaria, prevista en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, es legalmente válida cuando la autoridad se ve impedida para continuar sus facultades de comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la suspensión del plazo de doce meses para concluir una visita domiciliaria, establecida en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, no viola los principios de primacía y reserva de ley. Esto se debe a que dicho plazo tiene excepciones, como los casos de fuerza mayor o fortuito que impiden a la autoridad continuar con sus facultades de comprobación. La Corte consideró que la pandemia de COVID-19 y las medidas sanitarias derivadas de ella constituyeron un supuesto de fuerza mayor que justificó la suspensión del plazo.