La invalidez de una norma presupuestal que impone al Poder Judicial la obligación de cubrir pensiones y jubilaciones con cargo a partidas específicas, se declara cuando dicha disposición afecta la autonomía financiera del Poder Judicial al sujetar la disposición de sus recursos a la aprobación o disposición de otro poder, sin perjuicio de que se reconozca la obligación de pago de dichas prestaciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez parcial del artículo 2º del Decreto 1669, referente al Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2023. La controversia se centró en la asignación presupuestal para pensiones y jubilaciones del Poder Judicial local. Si bien se reconoció la obligación de pago de estas prestaciones, se determinó que la forma en que el decreto imponía la cobertura a través de partidas específicas y la sujeción a la aprobación de otro poder, afectaba la autonomía financiera del Poder Judicial. Por ello, se invalidó la porción normativa que detallaba esta forma de cobertura, sin eximir la obligación de pago.