La suspensión en controversia constitucional procede para proteger la autonomía de los órganos constitucionales autónomos frente a posibles presiones políticas que afecten la integridad y estabilidad de sus remuneraciones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la procedencia de la suspensión en una controversia constitucional promovida por el INEGI contra el Presupuesto de Egresos de la Federación. Se determina que, al existir un precedente (controversia constitucional 76/2021) donde se concedió la suspensión para fijar las remuneraciones de los servidores públicos del INEGI conforme a la Constitución, no tendría efecto práctico analizar nuevamente la solicitud de suspensión en el presente asunto. Sin embargo, se invoca un recurso de reclamación previo (32/2019-CA) donde se concedió la suspensión al INEGI contra el Presupuesto de Egresos de 2019, argumentando que la autonomía de los órganos constitucionales justifica la suspensión ante la posibilidad de presiones políticas que afecten la estabilidad de sus remuneraciones.
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