La regla 2.8.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 excede las facultades conferidas por el Código Fiscal de la Federación al imponer obligaciones adicionales a las establecidas por ley para la identificación de beneficiarios controladores, vulnerando así el principio de reserva de ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la constitucionalidad de la regla 2.8.1.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, la cual impone obligaciones adicionales a las establecidas en el Código Fiscal de la Federación para la identificación de beneficiarios controladores. El tribunal determina que dicha regla excede las facultades del legislador secundario al imponer requisitos no previstos en la ley, como la verificación de que la información sea adecuada y precisa, y la entrega de información a terceros no relacionada con la prevención de lavado de dinero, lo que vulnera el derecho a la privacidad. Por lo tanto, se considera inconstitucional por extralimitación.