La convocatoria de admisión a una especialidad médica en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad no puede excluir automáticamente a un aspirante por padecer VIH, si dicho padecimiento no le impide el ejercicio de sus funciones y existen alternativas para garantizar la eficacia de las fuerzas armadas sin vulnerar el derecho a la igualdad y no discriminación.

El caso analiza la constitucionalidad de las normas que excluyen a militares con VIH de concursos para especialidades médicas. La Suprema Corte determinó que la exclusión automática es desproporcional y discriminatoria, ya que el VIH, si está controlado, no impide el ejercicio profesional ni la eficacia de las fuerzas armadas. Se enfatiza la necesidad de evaluar caso por caso y buscar alternativas que protejan tanto la salud pública como los derechos fundamentales de los militares.