La facultad de los Municipios para emitir reglamentos en materia de tránsito, incluyendo la imposición de sanciones mediante dispositivos electrónicos, deriva directamente de la Constitución Federal y no está supeditada a la existencia de disposiciones análogas en la legislación estatal.

La contradicción de tesis analizó la constitucionalidad de los artículos 185, fracción X, apartados A y B, y 197, apartado B, del Reglamento de Tránsito y Transporte para el Municipio de Saltillo, Coahuila, que permiten la imposición de infracciones a través de dispositivos electrónicos. Un Tribunal Colegiado consideró que dicha facultad es exclusiva del Municipio, derivada del artículo 115 constitucional, y no requiere de una ley estatal que la prevea. El otro Tribunal Colegiado sostuvo que la Legislatura Estatal tiene facultades para legislar en materia de tránsito y que el Municipio debe sujetarse a las leyes estatales, lo que podría limitar la autonomía municipal para implementar sanciones mediante tecnología.