Se confirma la resolución recurrida y niega amparo solicitado, pues se desestima la causal de improcedencia planteada por la autoridad responsable y no analizada por el Juez de Distrito, en virtud de que, en contra de la aclaración administrativa, si bien, no proceden los recursos ordinarios o el juicio de nulidad, lo cierto es que sí el juicio de amparo, dado que la resolución que se emite en la aclaración sigue sujeta a los requisitos de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad exigidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la ley secundaria y, por ende, la resolución impugnada es susceptible de violar garantías del afectado. Además de que el Código Fiscal de la Federación y la respectiva regla, no pueden regular al juicio de amparo, toda vez que la regulación de éste, está contenida en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria de éstos, que es la Ley de Amparo. Por otro lado, como lo estimó el a quo, la contribuyente no pretendía con sus argumentos en la aclaración administrativa, la modificación del crédito fiscal mediante hechos o pruebas novedosas, sino planteó alegatos que ya fueron materia de análisis en diversa ejecutoria.