En el juicio de origen, se impugnó una resolución determinante de un crédito fiscal, derivado de una revisión de gabinete. Son infundados los conceptos de violación, referentes a la competencia de la autoridad fiscalizadora, el requerimiento de información del acta constitutiva, el alcance del numeral 59, fracción III, del CFF y la valoración de las documentales contables y los estudios periciales desahogados en el juicio de nulidad.