El Poder Judicial de la entidad es el competente para administrar el Instituto de la Defensoría Pública, debiendo el Gobierno del Estado dotarlo de los recursos necesarios y transferirle los bienes y servicios asignados a dicho Instituto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Poder Judicial del Estado es el órgano competente para administrar el Instituto de la Defensoría Pública. Esto implica que el Gobierno del Estado debe proveer los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su funcionamiento, así como transferir la totalidad de los bienes y servicios que actualmente se encuentran asignados a dicho Instituto. La finalidad es garantizar el derecho a la defensa y el acceso a la justicia en diversos ámbitos del derecho local.