El Congreso de la Unión tiene la facultad de determinar cuáles caminos constituyen vías generales de comunicación, conforme a lo dispuesto en la Ley de Vías Generales de Comunicación.

La controversia se centra en la constitucionalidad del artículo 1o., fracción VI, incisos A), B) y C) de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Se argumenta que el Congreso de la Unión excede sus facultades al determinar qué caminos son considerados vías generales de comunicación. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicha facultad es inherente al Congreso, quien tiene la atribución de clasificar y definir las vías de comunicación de carácter general, en ejercicio de sus facultades legislativas.