El proceso legislativo de normas que imponen la obligación de presentar contabilidad electrónica, así como su refrendo y publicación, son actos formal y materialmente legislativos que, de ser reclamados, deben ser analizados en cuanto a su constitucionalidad y legalidad, sin que la sola omisión de ejercer el derecho de prueba en un procedimiento de revisión electrónica pueda dar lugar a exigir el pago de una preliquidación mediante ejecución fiscal.

El Juzgado de Distrito sobresee el juicio respecto de la aplicación de disposiciones fiscales y la expedición de resoluciones misceláneas fiscales, así como actos de autoridades ejecutoras y legislativas. Niega el amparo contra diversos artículos del Código Fiscal de la Federación, reglamentos y resoluciones misceláneas. Sin embargo, concede el amparo respecto al proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación y su reforma, estableciendo que la omisión de ejercer el derecho de prueba en una revisión electrónica no puede justificar el cobro de una preliquidación por ejecución fiscal.