La imposibilidad de las autoridades municipales para cumplir con una ejecutoria de amparo, derivada de la falta de asignación presupuestal, no las exime de su deber de acatar el fallo protector, debiendo vincular a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado para lograr su cumplimiento.

El presente caso aborda la inejecución de una sentencia de amparo por parte de un municipio, cuya autoridad argumentó la imposibilidad de cumplir debido a la falta de asignación presupuestal. El tribunal determinó que esta circunstancia no exime a las autoridades municipales de su obligación de acatar el fallo. En consecuencia, se ordenó vincular al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, coadyuven al cumplimiento de la ejecutoria, garantizando así la efectividad de la justicia federal.