La prescripción de la acción penal constituye una causa de extinción de la responsabilidad penal del inculpado, cuya regulación y alcances corresponden a la libre configuración legislativa, sin que sea dable prolongar los plazos para su decreto a expensas de la persona imputada.

El presente fallo aborda la naturaleza jurídica de la prescripción en materia penal, distinguiendo entre la prescripción del delito y la de la pena como causas de extinción de la responsabilidad penal. Se enfatiza que la facultad de establecer las causales de extinción de la acción penal, del delito y de la responsabilidad penal recae exclusivamente en el legislador. Por lo tanto, la inacción estatal dentro de los plazos legales conduce a la pérdida del ius puniendi y a la extinción de la responsabilidad del inculpado. Se descarta la idea de prolongar los plazos de prescripción basándose en la sanción máxima, pues ello dejaría al imputado en una situación de incertidumbre jurídica.