La responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que cause en los bienes o derechos de los particulares, con motivo de su actividad administrativa irregular, es objetiva y directa, conforme al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y prevalece sobre la norma de menor jerarquía que establezca un régimen distinto.

El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en el Distrito Federal es de carácter objetivo y directo, de conformidad con el artículo 113 constitucional. Aunque el artículo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal preveía una responsabilidad solidaria y subsidiaria, la norma constitucional prevalece por su jerarquía. La reforma constitucional de 2002 estableció un régimen objetivo y directo, que implica que el Estado debe reconocer su responsabilidad e indemnizar los daños acreditados, independientemente de la culpabilidad de sus agentes. Esta concepción superó la noción de responsabilidad subjetiva, permitiendo a la víctima demandar directamente al Estado.