La invalidez de un decreto que otorga una pensión con cargo al presupuesto de un poder distinto al que emitió el decreto, sin la previa asignación de recursos suficientes, vulnera la autonomía presupuestal y el principio de división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos en contra de un decreto emitido por el Congreso local que otorgaba una pensión por jubilación a una trabajadora con cargo al presupuesto del Poder Judicial. La Corte determinó que el decreto era inconstitucional porque, al imponer una carga económica al Poder Judicial sin la previa asignación de recursos suficientes, se vulneraba su autonomía presupuestal y el principio de división de poderes. Se declaró la invalidez parcial del decreto, ordenando al Congreso local modificarlo y establecer de manera clara quién asumiría el pago de la pensión y con qué recursos.