El otorgamiento unilateral de una pensión por jubilación por parte del Congreso del Estado con cargo al presupuesto del Poder Judicial local constituye una intromisión indebida que lesiona gravemente la autonomía de gestión presupuestal y el principio de división de poderes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra el Decreto 1025 del Congreso local, que otorgó una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial. La Corte determinó que este acto legislativo constituye una subordinación y una intromisión indebida en la autonomía presupuestal del Poder Judicial, declarando la invalidez parcial del artículo 2 del decreto impugnado.