El derecho humano a la reinserción social constituye un criterio para la individualización de la sanción penal, al ser un fin esencial de la pena y un límite para su imposición.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho a la reinserción social es un criterio que debe tomarse en cuenta al individualizar la sanción penal. Esto se debe a que la reforma constitucional de 2008 y 2011 modificó el paradigma del sistema penitenciario, pasando de la readaptación a la reinserción social, con énfasis en el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, la pena debe tener como fin la reinserción y actuar como un límite para su imposición, no operando exclusivamente en la fase de ejecución.