La atención médica es un derecho fundamental que debe ser garantizado por las autoridades, incluso cuando la competencia para prestarla recae en otra instancia.

El presente asunto versa sobre la negativa de atención médica por parte de una institución, argumentando incompetencia para prestar el servicio. El tribunal determina que, si bien puede existir una cuestión de competencia entre instituciones, el derecho a la salud del gobernado no puede ser soslayado. Por lo tanto, se concede el amparo para garantizar la atención médica, sin perjuicio de que las autoridades resuelvan internamente la cuestión de competencia.