El derecho a la defensa adecuada, como parte del debido proceso, se materializa en la garantía de contar con un abogado, la cual debe ser compatible con la materia específica del asunto, sea esta penal, migratoria, fiscal o administrativa.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el derecho a la defensa adecuada como parte del debido proceso. Se destaca que este derecho implica la garantía de contar con un abogado y debe adaptarse a las particularidades de cada materia, incluyendo el derecho fiscal. Se cita el caso Genie Lacayo vs. Nicaragua de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reforzar la idea de que el debido proceso abarca garantías judiciales aplicables a diversas áreas del derecho.