La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez parcial de un decreto legislativo que ordena al Poder Judicial del Estado de Morelos cubrir una pensión por jubilación con cargo a su propio presupuesto, al considerar que dicha disposición lesiona la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial, contraviniendo el principio de división de poderes.

La controversia constitucional se originó por un decreto del Congreso de Morelos que ordenaba al Poder Judicial estatal cubrir la pensión por jubilación de un ex servidor público, con cargo a su presupuesto. El Poder Judicial actor argumentó que esto violaba su autonomía de gestión presupuestal y la división de poderes. La Segunda Sala de la SCJN determinó que, si bien el derecho a la pensión es válido, la imposición de la carga financiera al Poder Judicial sin la provisión de recursos y sin definir claramente la fuente de financiamiento del sistema de pensiones estatal, constituía una intromisión inconstitucional. Por ello, declaró la invalidez parcial del decreto, ordenando al Congreso modificarlo para establecer de manera clara quién y cómo se cubriría la pensión, sin afectar los derechos del pensionado.