La ausencia de pedimento de la Fiscalía General de la República y de opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, en los casos en que la ley no lo exija expresamente, no constituye una violación procesal que afecte las defensas del sentenciado.

En el presente asunto, se determinó que la falta de pedimento por parte de la Fiscalía General de la República y la ausencia de opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no invalidan el proceso penal. Esto se debe a que la ley no exige dichas intervenciones en todos los casos, por lo que su omisión no genera una violación procesal que vulnere las defensas del sentenciado. El análisis se centró en el artículo 220 del Código Penal Federal, relativo al deber de asistencia alimentaria.