La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de acciones de inconstitucionalidad que planteen la posible contradicción entre un decreto de reforma a una ley estatal y la Constitución Federal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la procedencia de la acción de inconstitucionalidad 218/2023, promovida por diputadas del Congreso de Tamaulipas contra un decreto que reformaba el artículo 134 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso de dicho estado. A pesar de declararse procedente, el Pleno de la Corte desestimó la acción de inconstitucionalidad al no obtenerse la mayoría calificada necesaria para invalidar la norma impugnada, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.
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