La prohibición de multas excesivas y el derecho a la seguridad jurídica se respetan cuando la ley establece un parámetro de graduación para individualizar la multa, así como un mínimo y máximo que guardan relación con la gravedad de la conducta y la potestad legislativa.

El caso analiza la constitucionalidad del artículo 58, fracción III, párrafo quinto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que impone multas a servidores públicos por incumplimiento de suspensiones. La quejosa argumentó que el mínimo de treinta días de salario era excesivo y violaba la seguridad jurídica. El tribunal determinó que la norma respeta la prohibición de multas excesivas al establecer un parámetro de graduación y un mínimo que es un ejercicio válido de la potestad legislativa, guardando relación con la gravedad de la conducta.