La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la invalidez de las disposiciones de una ley orgánica estatal que regulan la investigación y persecución de delitos de trata de personas y las técnicas de investigación y cadena de custodia, al invadir la competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

La Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Se argumentó que la ley estatal invadía la esfera de competencia federal al regular la trata de personas y las técnicas de investigación penal, materias reservadas al Congreso de la Unión por la Constitución. La Corte determinó que, si bien la ley estatal fue reformada y algunos artículos derogados, la sentencia debía pronunciarse sobre el fondo debido a la naturaleza penal de las normas y la posibilidad de efectos retroactivos. Se declaró la invalidez de las disposiciones impugnadas por invadir competencias federales exclusivas.