La facultad de las entidades federativas y municipios para contratar empréstitos se limita al fijarse un porcentaje máximo desvinculado de las mejores condiciones del mercado para los gastos y costos relacionados con la contratación del crédito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la constitucionalidad de un decreto que establece un límite porcentual para los gastos y costos asociados a la contratación de empréstitos por parte de entidades federativas y municipios. El tribunal determina que este límite, al desvincularse de las 'mejores condiciones del mercado', restringe la flexibilidad financiera de los entes públicos. Se destaca que la reforma busca garantizar la contratación de deuda al menor costo financiero posible, sentando un precedente sobre la necesidad de considerar la pluralidad de ofertas financieras.