La persona cuyos intereses se ven afectados por una resolución fiscal tiene capacidad para impugnarla, aun cuando no haya intervenido directamente en las gestiones administrativas previas.

Se establece que la capacidad para impugnar una multa fiscal no se limita a quienes participaron directamente en las gestiones administrativas. Si una resolución fiscal afecta los intereses de una persona, esta tiene el derecho de reclamar contra los actos relacionados, independientemente de su intervención previa ante la autoridad administrativa, al no tratarse de una contienda judicial donde la sentencia solo vincula a las partes formales.