La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la constitucionalidad de las normas fiscales a la luz de los derechos humanos fundamentales, incluyendo la igualdad, el principio de lesividad, progresividad, ultima ratio y el principio pro persona.

El recurrente alega la violación de los artículos 1° y 4° de la Constitución, argumentando que deben prevalecer los derechos humanos fundamentales como la igualdad, el principio de lesividad, progresividad, ultima ratio y el principio pro persona en la aplicación de las normas fiscales. La Corte debe determinar si la norma impugnada se ajusta a estos principios constitucionales.