La actualización de las obligaciones fiscales en el RFC, realizada por la autoridad, debe fundarse y motivarse en normas que otorguen competencia material y territorial a la unidad administrativa emisora, a fin de garantizar la legalidad y seguridad jurídica del contribuyente.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa analiza la legalidad de una resolución emitida por el SAT que actualizó las obligaciones fiscales de un contribuyente en el RFC, asignándole el régimen de arrendamiento a partir de 2022. La Sala Regional determinó que, si bien la autoridad fiscal tiene facultades para realizar dichas actualizaciones, debe fundar y motivar adecuadamente su competencia, citando las normas específicas que le otorgan facultades materiales y territoriales. En este caso, la autoridad sí cumplió con dicho requisito, citando los artículos pertinentes de la Ley del SAT y su Reglamento Interior. Sin embargo, el tribunal considera que la resolución impugnada es ilegal por otras razones relacionadas con la aplicación retroactiva de una regla miscelánea y la incorrecta exclusión del contribuyente del régimen simplificado de confianza.