La solicitud expresa para el bloqueo financiero de personas, emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, debe interpretarse en el contexto de las obligaciones bilaterales o multilaterales asumidas por México para el combate al lavado de dinero, a fin de garantizar la validez de dicha medida.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza una contradicción de criterios surgida entre juzgados de distrito respecto a la validez del bloqueo de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El conflicto radica en determinar qué debe entenderse por "solicitud expresa" para que dicho bloqueo sea válido, especialmente cuando se fundamenta en información de autoridades extranjeras y en el cumplimiento de obligaciones internacionales contra el lavado de dinero, conforme a las jurisprudencias 2a./J. 46/2018 y 2a./J. 87/2019.