El decreto que concede una pensión por jubilación con cargo al presupuesto de un poder distinto al que se le impone la obligación de pago, sin transferencia previa de fondos, es inconstitucional por vulnerar la independencia judicial y la autonomía de gestión presupuestal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos contra un decreto del Congreso local que le imponía el pago de una pensión por jubilación a una trabajadora de dicho poder, con cargo a su presupuesto, sin la transferencia de fondos necesarios. La Corte determinó que dicho decreto es inconstitucional, ya que viola los principios de independencia judicial y autonomía de gestión presupuestal, al invadir la esfera de competencia y disposición financiera de otro poder sin las garantías necesarias para su cumplimiento. Se declaró la invalidez parcial del decreto, ordenando al Congreso local modificarlo para establecer claramente la fuente de financiamiento de la pensión, ya sea asumiendo el pago directamente o transfiriendo los recursos correspondientes a quien deba cubrirla.