La falta de fundamentación y motivación de la competencia de un funcionario para iniciar un procedimiento administrativo de sanción, actualiza una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la legalidad de una multa impuesta por la CONDUSEF a una institución de banca múltiple. La quejosa argumentó que la resolución carecía de fundamentación y motivación en cuanto a la competencia del funcionario que inició el procedimiento. El tribunal determinó que la omisión de precisar los preceptos legales que otorgan competencia y atribuciones al funcionario, así como la falta de acreditamiento de su existencia y facultades, constituyen una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
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