La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es constitucional y congruente con las disposiciones constitucionales que confieren a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales potestades en materia de planeación y control del sistema eléctrico nacional, servicios públicos de transmisión y distribución, así como la regulación eléctrica y la garantía de derechos fundamentales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es constitucional. La sentencia recurrida fue considerada ilegal por declarar inconstitucionales diversos artículos de dicha ley, argumentando que violaban la libre concurrencia y la seguridad jurídica. La Corte sostuvo que la reforma es congruente con las facultades constitucionales del Ejecutivo y Legislativo en la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como en la regulación del sector y la garantía de derechos fundamentales.