La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una controversia constitucional, debe otorgar un plazo razonable para el cumplimiento de sus sentencias, incluso cuando el incumplimiento sea justificado, antes de proceder a la separación del cargo y consignación de las autoridades responsables.

El presente caso aborda la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el incumplimiento de sentencias de amparo por parte de autoridades. Se establece que, incluso si el incumplimiento es justificado, la Corte debe conceder un plazo razonable para su cumplimiento, el cual puede ser ampliado. Solo si el incumplimiento es injustificado o el plazo transcurre sin acatamiento, se procederá a la separación del cargo y consignación de los responsables.