La orden de visita domiciliaria emitida por la Auditoría Superior del Estado en el procedimiento de fiscalización de la cuenta pública de un Municipio, transgrede el principio de certeza jurídica cuando no precisa el rubro que será revisado.

El Municipio de Reynosa promovió controversia constitucional contra una orden de visita domiciliaria emitida por la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas. El Municipio argumentó falta de certeza jurídica, fundamentación y motivación, pues la orden contenía expresiones genéricas sobre los actos y contribuciones a fiscalizar. La Corte determinó que la orden de visita transgredió el principio de certeza jurídica al no precisar el rubro a revisar, lo cual es materia de controversia constitucional y relevante para dirimir conflictos competenciales.