La omisión de la autoridad de explicar de manera argumentada las deficiencias de los elementos técnicos y jurídicos aportados por el particular, así como de identificar los aspectos por los cuales dichos estudios son insuficientes, impide que se tenga por justificada la necesidad de un mayor análisis y, por ende, la improcedencia del pronunciamiento inmediato.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la suficiencia de los argumentos de una autoridad fiscal para justificar la necesidad de un mayor análisis técnico y jurídico, en lugar de emitir un pronunciamiento inmediato sobre la procedencia de una contribución. Se determina que la autoridad debe explicar de manera detallada y argumentada las deficiencias de los elementos aportados por el particular, así como señalar específicamente los aspectos que hacen insuficientes los estudios presentados. La falta de esta argumentación impide tener por justificada la necesidad de un análisis adicional y la improcedencia del pronunciamiento inmediato.