La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver una controversia constitucional, debe analizar si la resolución de un órgano autónomo afecta las competencias constitucionales del ente actor, aun cuando este último haya clasificado información como reservada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una controversia constitucional interpuesta por la Fiscalía, la cual consideró afectadas sus competencias en materia de seguridad pública y persecución de delitos. La controversia surgió a raíz de que el entonces INAI revocó la clasificación de información reservada solicitada por un particular, ordenando su entrega. La Fiscalía argumentó que la divulgación de dicha información podría obstaculizar la investigación de delitos. Sin embargo, la Corte determinó que la premisa de la Fiscalía sobre el grado de identificación de las personas involucradas se desvirtuó, ya que la información revelada no variaba sustancialmente el nivel de identificación que ya podía obtenerse de fuentes abiertas.