El gravamen sobre timbres fijados a productos farmacéuticos, aunque denominado derecho, es jurídicamente un impuesto, y como tal, es independiente de revisiones o certificaciones, estando en relación directa con la venta como hecho generador del crédito fiscal.

El presente caso analiza la constitucionalidad de un decreto que establece cuotas a cargo de laboratorios y establecimientos que fabriquen y expendan productos medicinales, por concepto de impuesto sobre ingresos mercantiles. Se determina que dicho gravamen, aunque denominado derecho, es en realidad un impuesto y que los contribuyentes se encuentran exentos del mismo conforme a la ley que creó dicho impuesto. Por lo tanto, el decreto que establece las cuotas es inconstitucional.