La validez de una resolución de fiscalización se sustenta en la observancia de las formalidades legales durante la visita domiciliaria y la correcta determinación del crédito fiscal y el reparto de utilidades.

El presente caso analiza la legalidad de una resolución de fiscalización emitida tras una visita domiciliaria. La empresa impugnó la resolución mediante juicio de nulidad, el cual fue declarado infundado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al considerar que la visita y la resolución se ajustaron a derecho. Posteriormente, la empresa promovió juicio de amparo directo, el cual también le fue negado, confirmando la validez de la resolución y la correcta determinación del crédito fiscal y el reparto de utilidades.