La competencia por materia de los Jueces de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado, y no a la especialización formal de la autoridad responsable.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una contradicción de tesis sobre la competencia para conocer de juicios de amparo relacionados con la regulación de tarifas de energía eléctrica. Se determinó que, si bien los actos provienen de autoridades del sector energético, su naturaleza material no se vincula directamente con la competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, sino con cuestiones administrativas genéricas. Por lo tanto, la competencia recae en los jueces de distrito en materia administrativa general, y no en los especializados, al no tratarse de actos que busquen crear condiciones de libre competencia o combatir monopolios en dichos sectores.