El Poder Legislativo, al autorizar el presupuesto de egresos, debe considerar las necesidades reales del Poder Judicial, incluyendo el pago de pensiones y jubilaciones, para garantizar su autonomía y el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó una controversia constitucional donde el Poder Judicial del Estado de Morelos impugnó el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso local. El Poder Judicial argumentó que el monto asignado era insuficiente para cubrir sus gastos operativos, el aumento salarial del personal y, crucialmente, el pago de pensiones y jubilaciones derivadas de decretos emitidos. La Corte determinó que el Legislativo tiene la obligación de prever partidas presupuestales adecuadas para estas obligaciones, a fin de no mermar la autonomía del Poder Judicial y asegurar el cumplimiento de sus mandatos constitucionales.