La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la falta de consulta indígena y afromexicana, así como la omisión de celebrar un parlamento abierto durante el procedimiento legislativo, son violaciones que conllevan a la invalidez de los decretos emitidos, al contravenir el derecho a la participación y consulta de los pueblos y comunidades.

En el presente expediente, los partidos políticos promoventes impugnaron los decretos 753 y 754 de la legislatura local, argumentando que en su proceso de emisión no se realizó la consulta indígena y afromexicana ni se celebró un parlamento abierto. La Corte, al analizar la controversia, consideró que la ausencia de estas formalidades viola los derechos de participación y consulta de los pueblos y comunidades, lo cual es un vicio que puede llevar a la invalidez de las normas.