La Ley General de Archivos establece las bases mínimas para la organización y administración de los archivos, permitiendo a las entidades federativas mayor libertad de configuración legislativa en sus sistemas locales de archivos, siempre que no contravengan dichas bases.

El INAI promovió una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Archivos del Estado de Tabasco por considerar que no se encontraba armonizada con la Ley General de Archivos. La Suprema Corte analizó diversos argumentos, incluyendo la omisión de sujetos obligados, la falta de definiciones, la integración de consejos y la naturaleza jurídica de archivos. Sin embargo, la Corte determinó sobreseer el juicio respecto a los artículos transitorios impugnados por haber cesado sus efectos. En cuanto al fondo, si bien se analizaron los argumentos, la resolución se centró en la facultad de las entidades federativas para legislar en materia de archivos, siempre que respeten las bases mínimas establecidas por la Ley General.