La caducidad procesal es la consecuencia de la inactividad de la Auditoría Superior de la Federación para dictar la resolución de la etapa de fincamiento de responsabilidades resarcitorias, y no la prescripción de su facultad punitiva.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la aplicabilidad de la caducidad o prescripción ante la inactividad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para dictar resoluciones en procedimientos de responsabilidad resarcitoria. Se determina que la caducidad es la consecuencia jurídica correcta ante la falta de continuidad en el procedimiento, apartándose de criterios que sostenían la prescripción o la ausencia de limitación temporal para la autoridad. El fallo enfatiza la necesidad de certeza jurídica para los particulares frente a la posible inacción de la ASF.